martes, 23 de enero de 2018

Los Principios generales del Derecho: en la interpretación de la Ley, lo odioso debe de ser restringido, lo favorable, ampliado, y, siempre, a favor del reo

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"El juez que rehuse fallar a pretexto de oscuridad, silencio o insuficiencia de las leyes incurrirá en responsabilidad. Cuando no haya ley aplicable al caso concreto, se aplicará la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del Derecho", así, más o menos,  rezaban los artículos 12 y 13 de aquel Código Civil que yo estudié en aquellas viejisimas calendas.

Ahora, tanto dicho código como la propia Constitución sancionan de otra manera mucho menos rigurosa, en su apariencia, esta inexcusable obligación de juzgar de los jueces.

Así ocurre, con el Código Civil, que, en su artículo 1.7, prescribe que “Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”.

A pesar de sus críticas, algunos sectores doctrinales atribuyen a este principio una gran importancia en relación con la salvaguarda del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido igualmente en el ordenamiento jurídico español, incluso a nivel constitucional (art. 24 CE).

El oscuro orangután madridista repite incansablemente “periodismo, periodismo” como si ésta fuera una palabra mágica capaz de resolverlo todo, y es precisamente lo contrario, es el periodismo, en gran medida, el que nos ha llevado a este estado tan lamentable en el que estamos.

Los artículos legales que citábamos al principio y en los que se consideraba, en aquellos lejanísimos tiempos en los que yo estudiaba la ciencia jurídica, que se establecían las fuentes del Derecho, han desaparecido de nuestra normativa seguramente en virtud de ese afán protector de la figura de los jueces que últimamente se ha apoderado del legislador pretendiendo, con muy buen criterio desde su interesadísimo punto de vista, protegerlos de cualquier atisbo de responsabilidad.

Todo esto viene a cuento de esa máxima, que tratan de que sea indiscutible, de la omnipotencia de la libertad de opinión/expresión que pretenden que sea omnímoda y que a mi me parecería muy bien si fuera, sobre todo, bien documentada porque lo que no se puede permitir, en régimen de buena convivencia, es que se pongan a pontificar, desde las tribunas periodísticas y tertulianas, gente que no tiene ni puñetera idea de lo que dice.

Porque estoy leyendo y oyendo, todos los días, a ese periodismo que tanto pregona el oscuro orangután madridista, afirmar categóricamente, con el mayor entusiasmo, que el juez Llarena ha deshecho muy astutamente la maquiavélica maniobra del nefando Puigdemont para poder comparecer, persona interpuesta, o sea, mediante un mandatario, en el Parlament y aceptar la presidencia de la Generalitat a la que tanto aspira.

Si los periodistas españoles estuvieran más documentados o   fueran menos malévolos, no expresarían tan alegremente tales opiniones porque esa actitud que ellos atribuyen al juez Llanera no puede ser adoptada por un magistrado encargado por la ley de administrar justicia.    

Es principio básico de la jurisdicción penal española que el juez de instrucción, que tenga conocimiento de la comisión de un delito dentro de su demarcación territorial, está obligado a perseguirlo de oficio, es decir, sin excitación de parte y así se consagra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como también es de obligado conocimiento, cuando se quiere opinar pontificalmente sobre la materia, conocer cual es la escala operativa de las fuentes del Derecho en la legislación española, a saber, la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del Derecho. 

Así las cosas, un juez de lo penal tiene muy pocas posibilidades de abstenerse de actuar ante un hecho concreto de aquellos que están sometidos a su jurisdicción.

Es decir que el juez Llarena no tenia ninguna necesidad de que el Ministerio Fiscal le excitase a intervenir jurisdiccionalmente en la nueva actuación de Puigdemont cuando éste pretendía desplazarse a Copenhague a dar una conferencia en la universidad, sino que, todo lo contrario, estaba obligado a hacerlo por mor de su propio cargo institucional y su propia responsabilidad.

Y entramos en la cuestión esencial del caso que nos ocupa: ¿es de recibo lo que ha hecho el juez Llarena?

Modestamente, creo que no.

Porque la ley es la ley tanto para Agamenón como para su porquero.

“Dura lex, sed lex”, la ley puede ser muy dura, pero es la ley, coño, de inexcusable cumplimiento sobre todo para un juez.

Es decir que el juez Llarena, a mi modestísimo entender, no puede aplicar o no una ley a su arbitrio sino que tiene que hacerlo inexorablemente sin abstenerse de ello so pretexto de que la misma puede favorecer al reo, porque si así fuera y su resolución decretando la orden de captura internacional, euroorden, favoreciera la intenciones electorales de Puigdemont, no tiene más remedio que dictarla, tanto más si se lo pedía el Ministerio Fiscal, porque así lo exige el ordenamiento jurídico español que consagra como fuentes de Derecho los principios generales de éste, uno de los cuales consagra que todas las leyes penales han de interpretarse del mejor modo para que favorezcan al reo, “favorabilia sunt amplianda, in odiosa restringenda”, "in dubio, pro reo", las condiciones favorables han de ser aplicadas con un criterio extensivo, en cambio, las odiosas han de hacerse con criterio restrictivo, y siempre, en caso de duda, a favor del reo.

Es decir que el juez Llarena no sólo no podía abstenerse de proveer de alguna manera la petición del Fiscal de cursar orden la internacional detención de Puigdemont, sino que tenía que hacerlo de la manera más favorable para éste, en cuanto se trata de un reo.


lunes, 22 de enero de 2018

La división de poderes

Puigdemot, a su llegada este martes al aeropuerto de la capital danesa./

¿Puede un juez, por motivos políticos, abstenerse de cumplir la ley?

Pues esto es lo que puede haber hecho Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo encargado de la instrucción de los delitos cometidos con motivo del llamado “procés”.

Instado, como es normal por el Ministerio Fiscal, ha resuelto en contra de lo solicitado, fundamentándose en:

1º) que no va a acceder a "la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar" y dice que este ardid, no tiene otra finalidad que buscar la detención;

2º) avisa que la estrategia de Puigdemont ha venido motivada por "la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento". La provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta. La intención, insiste, era "subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria";

3º)El expresidente busca favorecer la estrategia anticonstitucional e ilegal que el procedimiento que se instruye "está llamado a poner término", "forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad". O sea que se quiere instrumentalizar la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse". "No puede pretender ser presidente del Gobierno de Cataluña si libremente elude su comparecencia ante la cámara que ha de votarle";

4ª)los instrumentos de privación de libertad, que la Constitución española y el ordenamiento jurídico habilitan para la mayor eficacia del orden legal, no pueden desplegarse para facilitar su transgresión y ruptura. “Y la remota posibilidad de que el desplazamiento del investigado no responda a lo que se ha expuesto, sino a una exclusiva inquietud académica, no hace razonable que no se contemple la posibilidad que se expresa, obligando a posponer la orden de detención a un momento -no necesariamente lejano- en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario, no se encuentren en riesgo por una detención que- como el Ministerio Fiscal defiende- sería lógica en otro contexto”;

5º) la retirada, en su día, de la orden internacional de detención de Puigdemont, se hizo tras constatar que las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del procedimiento, "podían introducir una restricción inaceptable del objeto del proceso, pues al ser posible que el Estado requerido (…) denegara parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilitaba una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentren fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones ante este tribunal";

6ª) contra lo expresado por "sectores interesados", la restricción del título de imputación por un Estado extranjero a quien se peticiona la entrega de un prófugo de la justicia, no es muestra de que la calificación penal de los hechos por la jurisdicción española sea inadecuada o errónea. En todo caso, la decisión de retirada de la euroorden no descansa en una desconfianza respecto de la actuación jurisdiccional de un Estado en concreto, sino en las lógicas divergencias que, en delitos complejos, pueden existir entre los ordenamientos jurídicos de distintos Estados de la Unión. Unas divergencias no solo propiciadas por la diferente opción legislativa de los parlamentos, sino también por el hecho de estar en un momento inicial de la investigación;

7º) La Fiscalía decía que Puigdemont -reclamado por delitos de rebelión y sedición- está huido de la justicia española, y la Ley respalda que se solicite a las autoridades danesas que lo detengan en virtud del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en la Unión Europea, siendo así que además, el Código penal danés castiga con penas de hasta cadena perpetua revisable delitos similares.

Un juez tiene que resolver únicamente por motivaciones legales, no puede ser oportunista ya que, como dice el principio jurídico de universal aceptación “dura lex, sed lex”, la ley será muy dura pero  es la ley, no sólo para los reos de los delitos sino también para los jueces que los persiguen.

Si un juez, ante lo que dispone la ley, se pone a razonar sobre la oportunidad momentánea de ejecutarla, actúa  como un político, haciendo abstracción del principio de la división de poderes.






sábado, 20 de enero de 2018

Jueces, una vez más



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Perdonen ustedes mi insistencia pero es que he pasado 50 años de mi vida entre ellos y el tema me fascina puesto que lo considero absolutamente decisivo, como les ocurre a ellos, los señores del PP, ellos machacan: no aceptarán ninguna afirmación  que les perjudique si antes no ha sido consagrada por los jueces, luego el tema es absolutamente esencial.

Son tan importantes que hasta Sócrates y Platón se ocuparon específicamente de ellos, planteando la eterna cuestión: “qui custodiat ipsos custodes”, ¿y quién vigilará a los propios jueces”, que su mundo se mueve continuamente, hierve, como ese magma de los volcanes.

Ayer, dos noticias, importantísimas sobre ellos asomaron a los periódicos, uno, el tal Hurtado, ha sido colocado ya en la rampa de lanzamiento para llegar al Supremo, la cumbre indiscutible de la judicatura, gracias a los servicios prestados al Jefe, oponiéndose a que se le llamara a deponer como testigo, primero, intentando que lo hiciera a través de plasma, después, y colocándole en una mesa a la altura de ellos mismos, los magistrados, en el juicio y, por último, ayudandole escandalosamente todo lo que pudo a lo largo de la prueba testifical.

Resultado: se le premiará con el Supremo, “Yo, el supremo”, al propio tiempo que a sus dos compañeros de sala que, con sus votos hicieron que Rajoy no sólo testificara sino que ademas lo hiciera presencialmente y no a través del plasma como éste solicitó, han sido ya alejados para siempre de sus puestos a fin de escarmentarlos a ellos y a todos los demás en su cabeza, para que no puedan nunca volver a pecar contra el PP, y sustituidos por otros jueces profundamente afines, en esa especie de revolución antidemocrática que se ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional bajo la batuta ni más ni menos que de Concepción Espejel, ya saben, la que, según Cospedal, siempre será Concha para todos, menos para esos letrados que la recusan precisamente por todo esto, ya que la incapacitan para que juzgue los casos del PP, recusación iba a escribir que milagrosa pero no lo es porque si algunos otros miembros de la judicatura admitieron dicha recusación es, fue y será, porque todos estos casos tan estentóreos acabarán ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde se nos dirá una vez más que tenemos una administración de justicia de mierda.

Y, con esta escatológica palabra, entramos en la 2ª parte del tema.

Por supuesto que hay jueces y jueces, como en todos los aspectos humanos de la inmensa viña del Señor.

Así, junto a ese juez resplandeciente que parece ser el tal Llarena, con su cara lustrosa, resplandeciente, que parece absolutamente de acuerdo con lo que es su propia vida y las de todos los demás, está ese rostro atormentado de Eloy Velasco, el tío que se lió la manta a la cabeza y ha organizado todo este lío que hemos dado en llamar la Púnica y el Lezo, que van a mantener  viva la llama de la corrupción del PP durante otro montón de años.

A pesar de mi extenso e intenso conocimiento de la judicatura, no acababa de comprender por qué este hombre atormentado que unas veces se rasuraba la barba y otras se la dejaba crecer salvajemente, y que parecía que no se cansaba nunca de hurgar y hurgar en las miserias del partido que nos gobierna y que estaba haciendo que florecieran en el inmenso estercolero de su habitat un caso tras otro de corrupción, de pronto, cuando menos lo esperaban, cuando ya estaba a punto de conseguir unir entre si todos los puntos geográficos de la inmensa trama, arrojaba ostensiblemente la toalla y se iba a uno de esos destinos de la judicatura en los que ya nunca más iba a tener problemas que resolver directamente sino que iba a limitarse a repasar lo que otros jueces habían hecho en otras instancias.

Y, ahora, llega el tío y nos dice que ya no podía más, que estaba hasta lo más profundo de su alma de luchar contra los de arriba y los de abajo, contra los de la izquierda y los de la derecha, contra todo ese puñetero mundo que burbujeaba a su alrededor:

-Porque ¿qué pensaban, coño, que yo era Dios?, yo no soy más que una puñetera mierda como los demás.

Más o menos eso es lo que ha dicho y ya, creo, que, al fin, se ha quedado tranquilo.

Y, mientras, allá, arriba, en la cima del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, el máximo órgano de gobierno de los jueces, y del TRIBUNAL SUPREMO, el más alto de todos los tribunales, el que hace de verdad todas las leyes puesto que sienta lo que se ha dado en llamar jurisprudencia, que está por encima de ellas, el todopoderoso Carlos Lesmes sonríe orgulloso porque ahora todo el mundo sabe que él decía la verdad cuando proclamó “urbi et orbi”, que, a los jueces, se les gobierna con el látigo y con la zanahoria.

sábado, 13 de enero de 2018

Situación límite: Moisés ha perdido el Norte.


Moisés huye de Egipto

Rajoy actúa como siempre: pone cara de póker, arquea la ceja izquierda y dice: "yo no he sido, yo no he hecho nada, han sido los jueces".

El problema de los taumaturgos, y Puigdemont los es, es que, a veces, no saben cómo acabar el truco.

Hay que reconocer que Puigdemont lo ha hecho todo muy bien, tan bien que ahora se halla en una situación insostenible porque no puede ir hacia delante ni hacia atrás y tampoco puede permitirse el lujo de no hacer nada.

¿Qué va a hacer Puigdemont, va a volver a Catalunya, así, por las buenas, y se va a dejar detener e ir a una mazmorra para toda su vida, porque si algo tienen éstos que ocupan el poder es que son absolutamente implacables?

Porque los que echan las cartas en esta partida, si algo han aprendido con firmeza, es que no hay que dar ninguna clase de  tregua al enemigo, yo diría más, ni siquiera puede dársele la más mínima ventaja a los amigos.

Las ventajas hay que atribuírselas siempre a uno mismo.

De modo que ¿qué va a hacer Puigdemont? Si es que puede realmente hacer algo.

Si trata de tomar posesión de su cargo de President desde Bruselas, Rajoy utilizará su Tribunal Constitucional, TS, y lo dejará desnudo y en la puta calle.

Si declina en uno de sus adláteres o en alguien consensuado con ERC, habrá perdido la partida definitivamente porque será quien le sustituya quien asuma ya el papel protagonista para siempre.

En cuanto a esa tenue esperanza de que el bueno de Ernest Maragall le saque las castañas del fuego, manejando el Parlament de manera que él, Puigdemont, pueda estar y no estar al mismo tiempo en dos sitios a la vez, jugándose con toda seguridad ir de cabeza a la cárcel y arruinarse para siempre él y toda su familia, motivo por el que Forcadell no repite, es prácticamente imposible porque llamarse Ernesto es muy importante, como ya nos demostró Oscar Wilde, pero no definitivo.



sábado, 30 de diciembre de 2017

¿Final de partida?


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El juego es tan antiguo como el mundo.

Se trataba de exacerbar los antagonismos, hasta tal punto que la situación se hiciera insostenible y explosionara no por algún sitio sino por todas partes.

Y, al final, ha sucedido así y la facción que se considera indiscutiblemente vencedora del conflicto no ha podido contenerse, ha subido a la tribuna y ha gritado “urbi et orbi”: hemos vencido por que él ha conseguido descabezar totalmente al enemigo, ya que los dos posible líderes adversos, uno está definitivamente preso y el otro en un irreversible exilio.

Pero nosotros no tenemos más remedio que volver a preguntar: ¿es el final de la partida?

Porque, de pronto, inopinadamente, ha intervenido con gran fuerza un tercer elemento, que es precisamente el que realmente puede considerarse vencedor en la pugna, de modo que no hay más remedio que continuar preguntándose: ¿es el final o, todo lo contrario, el principio de la auténtica partida?

Porque, si tú enseñas paladinamente que, para derrotar al adversario común, lo indiscutiblemente efectivo es denigrarle hasta el último extremo, puede que un discípulo aventajado, convenientemente protegido por los que realmente manejan  la situación, haya decidido intervenir en esta cruentísima batalla, utilizando exactamente los mismos argumentos que tú pero con la circunstancia absolutamente decisiva de que se trata de una cuña de la misma madera, lo que hará esta segunda lucha por el poder especialmente violenta.

No sé si se nota el extraordinario esfuerzo que hago para no incurrir en materia susceptible de análisis penal, lo que obliga a este intento de comentario a perder la virulenta fuerza que de otro modo tendría, pero, como suele decirse, el miedo es libre y uno anda ya demasiado acosado por esta durísima vida que padecemos para encima buscarse más problemas.

De modo que la victoria parece indiscutiblemente obtenida allí, pero ¿y aquí, no habrá empezado la lucha decisiva para hacerse de una vez y quien sabe si no será para hasta el fin de los tiempos con este poder omnímodo que nos oprime hasta lo insoportable?

Porque la victoria, allí, no la ha obtenido precisamente la facción que se sube a la tribuna y obscenamente la proclama sino esa otra que paulatinamente está empeñada en hacer lo mismo que hace ella pero con una actitud más acomodada a la omnipotente hipocresía que consagrara el príncipe de Lampedusa, cuando habló por primera vez de establecer esa pauta que ahora se ha hecho norma de conducta universal: es preciso hacer las cosas de modo que parezca que todo ha cambiado para que todo siga igual.



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