domingo, 16 de julio de 2017

El Estado y las ideologías


Resultado de imagen de cargas durisimas de la policia contra los manifestantes


Margaret Thatcher y Ronald Reagan son los autores de la célebre sentencia: “el Estado no es la solución sino precisamente el problema”.

Gente más capacitada que yo ha demostrado inequívocamente que el Estado es absolutamente imprescindible para una vida social pacífica.

Así, pues, lo que está en discusión es cuál debe ser la actitud que el Estado debe adoptar en orden a su intervención como árbitro de los conflictos sociales.

¿Debe reducir su intervención a un mínimo indispensable para que las fuerzas en conflicto, capital y trabajo, actúen lo más libremente posible en la producción, o, por el contrario, su intervención debe de ser exhaustiva para que ninguno de ambos factores campe por sus anchas?

Debo reconocer que tengo los cojones más grandes que el caballo de Espartero para atreverme a encarar la cuestión esencial que se halla en el fondo de todos los problemas que asolan al mundo, un viejo como yo, en el umbral estricto de los 88 años y sin ninguna clase de conocimientos especiales sobre la materia.

Pero precisamente porque he vivido tanto y lo he hecho tan intensamente que ahora me siento esencialmente cansado, pienso que, por lo menos, en el terreno existencial sí que es posible que tenga algo pensado o, por lo menos, intuido sobre el tema.

Los liberales que, como ellos mismos dicen, van ganando la batalla, lo tienen muy claro: el Estado no debe de intervenir en la llamada lucha de clases si no es para darles la razón porque, si hace lo contrario, todo el andamiaje social se irá al carajo.

La función del Estado no es otra que las fuerzas y cuerpos de seguridad del mismo estén siempre dispuestos a salir a la calle para mantener el orden público.

Que se lo pregunte, si no, a Cristina Cifuentes, cuando casi ayer ella era la Delegada del Gobierno en Madríd, cómo sus subordinados se esforzaban bravamente en aplastar con sus botas de clavos  y porras de goma las cabezas de los que habían salido a la calle precisamente a eso, a pedir que se hiciera una mejor distribución de esa riqueza que, según Rajoy, se está produciendo en cantidades tan industriales que éramos y somos la envidia de todo el mundo civilizado.

Pero también los hay los que, como yo, creemos que el Estado y sus fuerzas y cuerpos de seguridad deben de intervenir para todo lo contrario, para que se cumpla a rajatabla, sí, la justicia, precisamente, pero ésa que se ha dado en llamar social y que partiendo de la base de la definición de justicia que hacía el viejo jurisconsulto Ulpiano, consiste en dar a cada uno lo suyo, así al capital no toda la plusvalía que la intervención de las fuerzas trabajadoras haya incorporado a las materias primas, sino tan sólo un importante interés a lo invertido que, en todo caso, debe de ser superior al que se atribuya a los casos de inversión directamente improductiva, para que sea interesante dicha inversión, pero de ningún modo abarque casi el total de dicha plusvalía puesto que, entonces, se incurre en una clara injusticia distributiva.


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